La nueva regulación cinematográfica avanza entre críticas por falta de transparencia y concesiones clave

El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha los mecanismos para dar luz verde, previsiblemente después del verano, a la esperada ley del Cine, una normativa que se encontraba estancada desde 2022. El equipo de Ernest Urtasun ha logrado desbloquear el texto después de negociar con Junts una serie de garantías reforzadas para las lenguas cooficiales. Sin embargo, el proceso no está exento de polémica: el Partido Popular ha elevado una queja formal ante la Mesa del Congreso denunciando que se ha eludido el debate en la Comisión de Cultura, en un momento de especial fragilidad parlamentaria para el Ejecutivo.

Según el escrito presentado por los populares y al que ha tenido acceso ABC, la ponencia celebrada esta semana recibió un informe ya cerrado desde el ministerio, previamente pactado con los socios del Gobierno, sin que la oposición hubiera tenido oportunidad de conocer su contenido ni de participar en su redacción. La denuncia apunta directamente a Sumar, a quien acusan de presentar un texto elaborado «desde el despacho del secretario de Estado» y no desde el órgano parlamentario encargado de redactar el informe.

«Al texto le faltaba el logo del Ministerio de Cultura», ironizan fuentes populares: «Las leyes se negocian en el Congreso, no en el despacho de un secretario de Estado».

El Partido Popular sostiene que la propuesta no especifica qué enmiendas se han incorporado, ni con qué formaciones se han pactado ni qué apoyos respaldan las modificaciones incluidas. Esta falta de detalle, según alegan, les ha impedido participar en una fase esencial del procedimiento legislativo. Por ello, solicitan una nueva reunión de la ponencia para que sean los diputados designados —y no el ministerio— quienes deliberen y elaboren el informe que posteriormente debe votar la Comisión.

De la iniciativa de Iceta al impulso de Urtasun

La nueva ley del Cine pretende actualizar el marco legal vigente desde 2007, adaptándolo a un ecosistema audiovisual donde las series, las plataformas de streaming y los nuevos hábitos de consumo han transformado el panorama. El proyecto fue impulsado inicialmente por Miquel Iceta, quien lo llevó al Consejo de Ministros en 2022, pero el adelanto electoral truncó su tramitación. Al asumir la cartera, Urtasun prometió sacarlo adelante antes de 2025, aunque solo lo ha logrado tras aceptar varias exigencias de Junts.

Las concesiones a Junts: blindaje lingüístico y cuotas de pantalla

La principal cesión a los independentistas, conocida como la «enmienda Cataluña», refuerza la protección de las lenguas cooficiales en el sector cinematográfico. Los puntos clave incluyen:

• Reserva de al menos un 15% del fondo de protección a la cinematografía para obras en lenguas oficiales distintas del castellano.
• Deducción del 80% para producciones rodadas íntegramente en esas lenguas.
• Valor doble para estas películas en el cómputo de cuotas de cine europeo o iberoamericano que deben cumplir las salas.
• En comunidades con lengua propia, las ayudas a exhibidores deberán garantizar que al menos el 15% de las sesiones correspondan a películas proyectadas en esas lenguas.
• Reservas específicas para territorios insulares, con especial atención a Canarias y Baleares.

Cuotas de género reforzadas

El acuerdo también ha incorporado enmiendas para avanzar en igualdad de género. Las medidas más destacadas son:

• Aumento de la reserva de fondos para proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres: del 30% al 35%.
• Introducción de una reserva mínima del 40% de las ayudas para guiones escritos únicamente por mujeres.
• Las películas dirigidas solo por mujeres computarán doble para cumplir las cuotas de pantalla, al igual que ocurre con las obras en lenguas cooficiales.

La definición de productor independiente, en el punto de mira

Otro aspecto sensible es la redefinición del concepto de productor independiente. Cultura ha retocado esta categoría tras la polémica generada por la ley Audiovisual de 2022, que permitió a grandes grupos acogerse a ella. Sin embargo, las productoras independientes han mostrado su descontento. La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (PAP) criticó hace un mes que el ministerio no las hubiera tenido en cuenta en la redacción de la ley, y señaló que el planteamiento de 2022 ya resulta obsoleto para 2026.

Reacciones del sector: malestar y petición de consenso

El malestar no se limita a las productoras. Un total de trece entidades —entre distribuidores, exhibidores y televisiones— difundieron un comunicado reclamando más tiempo para analizar el texto. La Academia de Cine se ha sumado a esta petición. En el sector ha sorprendido que, tras meses de lentos avances, el ministerio muestre ahora tanta urgencia. Las asociaciones insisten en que el proceso debe realizarse «desde el máximo consenso posible» y con la participación efectiva de todos los agentes implicados.

Para quienes quieran profundizar en la historia y los entresijos de la industria cinematográfica, existen excelentes libros sobre historia del cine que abordan desde los orígenes del séptimo arte hasta los desafíos actuales de la producción audiovisual.

Preocupación de Cedro por los derechos de autor y la inteligencia artificial

Cedro, la entidad que gestiona los derechos de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras, ha mostrado su rechazo a una disposición del proyecto que modifica la ley de Propiedad Intelectual. El texto habilita a los centros educativos a poner libros a disposición de alumnos y docentes en «entornos digitales seguros». La entidad advierte de que muchas consejerías trabajan con grandes tecnológicas que desarrollan herramientas de inteligencia artificial, las cuales podrían explotar esos contenidos para minería de datos.

«Esto presenta un alto riesgo para los derechos de autor de escritores, editores y resto de creadores debido a la falta de trazabilidad, la opacidad en los entornos cerrados y la posible explotación comercial sin remuneración para los titulares», afirma Jorge Corrales, director general de Cedro.

Aunque ese punto ya figuraba en la redacción de 2022, la irrupción de la inteligencia artificial ha transformado, según la entidad, la dimensión del problema. Corrales añade: «El secretario de Educación y la ministra están haciendo dejación de sus responsabilidades, y algunos consejeros también».

Para quienes deseen conocer más sobre la protección de la propiedad intelectual en la era digital, recomendamos consultar guias sobre propiedad intelectual que explican los derechos de autor y los desafíos legales actuales.

Objetivos generales de la nueva normativa

La ley del Cine aspira a ampliar el marco vigente desde 2007 y a regular la cultura audiovisual en sentido amplio, incluyendo series y plataformas de streaming. Entre las novedades destacadas ya en 2022 figuraban:

• La obligación de que plataformas y televisiones faciliten datos de visionados y audiencias.
• Modificaciones en la ley del Patrimonio Histórico Español para reconocer al audiovisual una identidad propia.

Para aquellos interesados en el mundo de la producción audiovisual y las plataformas de streaming, existen manuales de producción audiovisual que cubren desde la preproducción hasta la distribución en plataformas digitales.